ARTIGOS
La mujer golpeada en la Argentina. Derivas entre Estado, sociedad y psicología (1983-1995)
A mulher maltratada na Argentina. Desvios entre estado, sociedade e psicologia (1983-1995)
The battered woman in Argentina. Drifts between State, society and psychology (1983-1995)
Mariela González Oddera*
Universidad Nacional de La Plata - UNLP, La Plata, Buenos Aires, Argentina
RESUMEN
En el presente artículo se reconstruye la trama específica en la que surgió la categoría mujer golpeada en la psicología argentina, en una peculiar circulación entre sociedad civil y Estado. Desde el enfoque de la historia crítica de la psicología junto a los aportes de la historia reciente, se analiza el proceso de recepción que se produjo en el escenario local, en el entrecruzamiento de la agenda de los derechos humanos con el ideario feminista. Se analiza cómo la violencia de género fue incluida en la agenda gubernamental, en los espacios de activismo feminista y en la producción teórica de la psicología. Se da cuenta de las solidaridades y diferencias entre estos ámbitos, poniendo en evidencia los entramados representacionales y valorativos implicados en los usos de diferentes categorías.
Palabras clave: violencia de género, historia de la psicología, categorías.
RESUMO
Neste artigo, reconstruímos a maneira como a categoria mulher maltratada surgiu na psicologia argentina, numa circulação peculiar entre a sociedade civil e o Estado. A partir da abordagem da história crítica da psicologia com as contribuições da história recente, analisamos a recepção no cenário local, na interligação da agenda de direitos humanos com o ideário feminista. Analisamos como a violência de gênero foi incluída na agenda governamental, no ativismo feminista e na produção teórica da psicologia. Incluímos a solidariedade e as diferenças entre essas áreas, levando em conta as representações e valores envolvidos nos usos das diferentes categorias.
Palavras-chave: violência de gênero, história da psicologia, categorias.
ABSTRACT
In this article, we reconstruct the way in which the battered woman category emerged in Argentine psychology, in a peculiar circulation between civil society and the State. From the approach of the critical history of psychology to the contributions of recent history, we analyze the reception in the local scene, in the interconnection of the human rights agenda with the feminist ideology. We analyzed how gender violence was included in the governmental agenda, in feminist activism and in the theoretical production of psychology. We include solidarity and the differences between these areas, taking into account the representations and values involved in the uses of the different categories.
Keywords: gender violence, history of psychology, categories.
La mujer golpeada en la Argentina. Derivas entre Estado, sociedad y psicología (1983-1995)
El 14 de febrero de 1988 el campeón mundial de boxeo argentino Carlos Monzón asesinaba a quien había sido su pareja, Alicia Muñiz. Según surgió de la reconstrucción del hecho, Monzón golpeó y estranguló a la mujer, la arrojó por el balcón y acto seguido se arrojó él, de lo que resultó lesionado con una fractura de costilla y de clavícula.
Uno de los diarios de mayor tirada nacional, de tradición liberal, publicaba en tapa al día siguiente de los hechos: "En un confuso episodio murió la ex mujer del boxeador Carlos Monzón, quien está herido y detenido" (15 de febrero de 1988). Pese a que en el cuerpo de la noticia en la sección policiales señalaba que "en fuentes judiciales se informó que las actuaciones correspondientes al hecho fueron caratuladas como homicidio" ("En un confuso episodio murió la ex mujer del boxeador Carlos Monzón", 15 de febrero de 1988, p.4), la crónica periodística ponía el acento en la figura de Monzón pidiendo auxilio, víctima de la caída. Crónica que incluía la versión de Monzón, presentando la "tragedia" como producto de un accidente luego de una pelea conyugal ("Monzón participó de la reconstrucción del hecho y fue nuevamente indagado", 17 de febrero de 1988, p.18). En todo caso, se trataba de una escena de la vida privada: las coyunturas de una pareja compuesta por un pugilista fiero e imbatible, de origen humilde, aficionado al alcohol y las drogas y una ex vedette y modelo, alejada ya del mundo del espectáculo.
Como se verá luego, hubo otra línea de interpretación que caracterizó a Alicia Muñiz como mujer golpeada. Lo que interesa trabajar en este artículo es la emergencia de dicha categoría en la peculiar circulación entre psicología, sociedad civil y Estado. El concepto de circulación (Raj, 2013) entiende el proceso de producción de saberes en términos de encuentro, poder, resistencia, negociación y configuración antes que en términos de diseminación, transmisión o comunicación de ideas.
Se destacará cómo el discurso psicológico obtuvo su saliencia (Daston, 2000, citado por Talak, 2003) en un escenario social y gubernamental que brindó condiciones de posibilidad para la producción de un discurso técnico específico. Se pondrá el acento, entonces, en el modo en que dicha tematización recogió representaciones y valoraciones circulantes en su misma configuración.
En este sentido, se analizará cómo la coyuntura de la transición democrática aportó coordenadas para la recepción de una teorización que venía teniendo lugar desde hacía una década en los países centrales. Se propondrá pensar que en dichas coordenadas se entrecruzaron la agenda de los derechos humanos (DDHH) con el ideario feminista, dando lugar a una trama de recepción específica.
El período de análisis estará comprendido entre los años 1983-1995. El año de inicio corresponde al de la recuperación democrática en Argentina, cuando la violencia de género 1 se incluyó en la agenda pública (tal como será desarrollado en el próximo apartado). El año 1995 es el de la promulgación de la primera Ley Nacional de Protección contra la violencia familiar (Ley 24417), que dio un nuevo estatuto a la problemática al establecer un marco jurídico específico de regulación.
La perspectiva teórica elegida permite abordar las relaciones entre psicología y orden social 2. En particular, da cuenta de cómo la producción de saberes disciplinares se articula a procesos de recepción de obras, que tienen lugar en un contexto socio-histórico particular. Este contexto, cargado de valores, aporta una trama de sentidos y prácticas como condición de posibilidad para la producción de saberes (García, Macchioli, & Talak, 2014; Vezzetti, 2007). Del enfoque de la historia crítica (Danziger, 1999) se privilegia la consideración de la historicidad de los objetos de estudio y categorías utilizadas y su producción situada en un contexto socio-histórico en íntima articulación con la comunidad científica. La perspectiva elegida destaca la complejidad y heterogeneidad de los procesos a partir de los cuales se produce y usa el conocimiento, entendiendo que una de las operaciones centrales de las ciencias humanas es aportar representaciones al conjunto de significaciones circulantes que definen lo que somos, cómo nos vemos, qué queremos ser (Smith, 2007).
Por último, se incluyen los aportes de la historia reciente (Flier, 2014), en tanto historia de procesos sociales que están en desarrollo. En consonancia con las potencialidades de este enfoque, se aspira a que el análisis de las categorías disciplinares del pasado reciente permitan arrojar luz sobre aquéllas utilizadas hoy para pensar el tópico de la violencia. En este sentido, el potencial efecto crítico de la historización constituye un insumo para poner en perspectiva los discursos vigentes sobre violencia de género.
La selección de fuentes incluye materiales heterogéneos, buscando reconstruir la trama desde la que actores del ámbito gubernamental, de la sociedad civil y del campo disciplinar de la psicología tematizaron el tópico de la mujer golpeada. Así, se incorporan: publicaciones de organizaciones feministas, documentos oficiales (nacionales e internacionales), producción científica en psicología (libros, actas de eventos científicos) y materiales periodísticos. Como eje vertebrador, se incluye la cobertura del caso (de gran significatividad en el período estudiado) que abre este artículo, en la medida en que permite iluminar la trama de valoraciones y significaciones presentes en la Argentina de la recuperación democrática.
Mujer golpeada y agenda pública
Hay consenso en señalar que la tematización de lo que a partir de la década de 1990 se denominaría violencia de género (en adelante, VG) fue un tema de la agenda 3 de la recuperación democrática (Barrancos, 2010; Chejter, 1995; Ferreira, 1992). Una singularidad de este proceso fue su surgimiento simultáneo en diversos ámbitos: en el ámbito gubernamental, en organizaciones de la sociedad civil y en espacios disciplinares específicos, como el de la psicología.
En el año 1987 se creó, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica y Asistencia a la Mujer Golpeada, a cargo de la abogada Leonor Vain, quien venía desarrollando tareas de asistencia en casos de VG, junto a la psicóloga Cristina Vila de Gerlic. Se dio rango de Comisión a un grupo de trabajo que venía funcionando desde 1985 (Chejter, 1995).
La comisión brindaba supervisión, apoyo técnico, materiales teóricos y subsidios a los organismos efectores, a lo largo del país (Anónimo, 1989). Promovía tareas de prevención y asistencia en un abordaje interdisciplinario (abogacía- psicología) y la instalación de dispositivos de atención específicos (grupos de autoayuda).
Esta Comisión dependía de la Subsecretaría de la mujer (a cargo de Zita C. de Montes de Oca), inscripta a su vez de la Secretaría de desarrollo humano y familia del Ministerio de salud y acción social de la Nación. La creación de la Subsecretaría de la mujer implicó la jerarquización de un programa existente desde el año 1983 (Programa de promoción de la mujer y la familia, de la Secretaría de desarrollo humano y familia) (Barrancos, 2010). Esta iniciativa fue una de las tres que inauguraron áreas gubernamentales específicas destinadas al tema "mujer".
Montes de Oca (1992) definía su gestión como feminista. Concebía a las mujeres como "grupo social discriminado y subordinado", condición que sólo podría transformarse a partir de un cambio global en la sociedad, con la gesta de un "nuevo orden político con la plena participación de las mujeres" (p.54).
La creación de esta subsecretaría ha sido considerada parte de la progresiva participación de la mujer como actor social y agente relevante en la definición de la agenda pública (Barrancos, 2010; Feijoo, 1986). Esto es, las mujeres se incluían no sólo como objeto de las políticas públicas, sino como actores que participaban en la definición de cuáles eran los temas relevantes que debían ser considerados.
Vale decir que la inclusión de la VG como tema de la agenda gubernamental se dio en el contexto de un proceso más amplio de visibilización pública, en el que las organizaciones feministas tuvieron un rol central (Barrancos, 2010; Brown, 2008; Chejter, 1995; Feijoo, 1986; Giordano, 2012). De hecho, la lucha contra la VG en la Argentina fue enarbolada por diversas organizaciones feministas, en el concierto de otras demandas: el aborto legal y gratuito, la igualdad jurídica entre varones y mujeres, la participación equitativa en los procesos de desarrollo económico (Brown, 2008). Algunas de estas peticiones fueron incluidas en la agenda gubernamental y otras -como la histórica demanda por la legalización del aborto-, no logró dar lugar a una política de Estado (Bellucci, 2014). Cabe preguntarse, entonces, qué aspectos de la tematización de la VG hicieron factible su promoción como tópico relevante en la década de 1980.
Interesa destacar que, en la agenda de las organizaciones feministas y en la agenda gubernamental, las consideraciones acerca de la VG no eran homogéneas. Las formas de definir la violencia, sus ámbitos de producción y sus causas eran disímiles; las diferencias nominales que pueden encontrarse en los diversos ámbitos dan una pista de cuáles eran las premisas desde las que se pensaba en cada uno de ellos.
Dentro del activismo feminista, el caso de ATEM 25 de Noviembre (Asociación Estudio y Trabajo de la Mujer) es quizá el más significativo. Esta agrupación, fundada a fines de 1981, se había planteado como objetivo "luchar contra la opresión y la discriminación que configura nuestro mundo e impide nuestro desarrollo" (Tarducci & Rifkin, 2010, p. 25). La organización incluía en su nombre la referencia al Día internacional de la No violencia contra la mujer (25 de noviembre), fijado en el I Encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar en Bogotá (Colombia), en 1981. El 25 de noviembre de 1960 habían sido torturadas y asesinadas las hermanas Mirabal, por su estatuto de militantes contra el gobierno autoritario de Trujillo, en la República Dominicana (Chejter, 1995; Navarro, 1982). En esta conmemoración, la violencia contra las mujeres quedaba enlazada a un contexto de violencia política, con su particular tramitación sobre el cuerpo de las mujeres, pero en suma, se trataba de una violencia que tenía lugar en la arena pública.
El 1 de Noviembre de 1983 ATEM, la Organización Feminista Argentina (OFA) y Libera constituyeron el Tribunal de Violencias contra la Mujer, en ocasión del intento de violación de la joven Mabel Montoya. Se trató de un ataque sexual en el contexto de una supuesta entrevista laboral, donde la joven se arrojó por el balcón del departamento donde se había concertado la entrevista y, a los pocos días, falleció. El juez que entendió en la causa lo caratuló de suicido (Chejter, 1995).
En la proclama que organizó el Tribunal, se establecía que "la violencia contra la mujer es una cuestión política. Es un proceso conciente de terrorismo sexual, que acompaña al ejercicio del poder patriarcal" (Chejter, 1995, p.11). Interpretación que se inscribía en la línea de lo que el feminismo norteamericano había planteado en torno a la violación, como experiencia paradigmática de la violencia contra las mujeres. Autoras como Suzanne Brownmiller (1975/1981) y Suzanne Griffin (1979) conceptualizaban a la violación como un fenómeno presente en diversas culturas, que debía ser entendido como ejercicio de poder y búsqueda de sometimiento. Poder ejercido desde la posición jerarquizada que los varones retenían en la sociedad patriarcal y que afectaba a todas las mujeres, en tanto producía temor y amedrentamiento como parte de la experiencia femenina.
En el ámbito gubernamental, aun compartiendo la inscripción en un ideario feminista, la VG parece haberse planteado en otros términos. La retórica sobre la mujer golpeada incluía dos aspectos. El primero, propio de las tematizaciones del feminismo norteamericano, ponía el acento en las pautas sociales que favorecían el uso de la violencia por parte de los varones y su aceptación, por parte de las mujeres. El segundo, establecía la familia como locus de intervención. Así, a propósito del caso Monzón, la funcionaria a cargo de la Subsecretaría de la mujer – Zita Montes de Oca – señalaba: el problema central de esta violencia ejercida contra las mujeres debe buscarse ‘en la desigualdad y falta de democracia interna en las relaciones familiares' (…). No importa que se trate de un boxeador, un paciente empleado de oficina, un médico o un general. Los "hombres golpeadores" existen y son más de los que se cree. Tampoco importa quién o cómo es la mujer golpeada y, mucho menos aún, si se trató de un "simple cachetazo" o una trompada mortal ("Golpean ‘por amor' a la reina de la casa", 17 de febrero de 1988, p.10) 4.
Desde la Comisión que atendía en el tema de la violencia doméstica, Vain sostenía como objetivo de la intervención: "promover la modificación de las pautas socio-culturales que sustentan y legitiman la violencia contra la mujer en el ámbito de la familia a través de la educación formal, informal y los medios masivos de comunicación" (Anónimo, 1989, p.40).
En suma, en la agenda gubernamental que se estableció en este momento para pensar la violencia de género, el escenario privilegiado fue la familia y el ámbito doméstico. Familia revisitada, cuestionada pero vigente, como categoría conceptual y como espacio de experiencia de la vida cotidiana. Propuesta de doble arista, ya que si por un lado se problematizaban las formas normatizadas de pensar y practicar las relaciones familiares, por otro lado se redoblaba la localización de las mujeres en el espacio privado, como ámbito privilegiado.
Desde la visión retrospectiva de los protagonistas no se trataba necesariamente de una inclusión ingenua (Montes de Oca, 1992) pero sí da cuenta de los claroscuros, de los juegos de luces y sombras en el armado de la agenda posible a ser planteada a nivel gubernamental en cada coyuntura histórica.
Mujer golpeada y DDHH
Un gobierno que había hecho de la causa de los derechos humanos, su causa, no podía ignorar que todos los días, a toda hora, en cualquier lugar del país, en cualquier estamento social y económico, miles de mujeres de todas las edades, alfabetas o analfabetas, casadas o unidas de hecho, eran maltratadas en sus hogares, sin que la sociedad, que casi siempre conocía los hechos, hiciera nada por ayudarla, por atenderla, por asesorarla; en suma, por ayudarla a apropiarse de ese derecho humano básico como es el de poder decir definitivamente no a la violencia, no al maltrato (Vain, 1989, p.18).
Estas palabras de Zita Montes de Oca oficiaron de apertura al del Primer encuentro nacional de centros de prevención de la violencia doméstica y asistencia a la mujer golpeada en 1988, que incluyó entre sus ponencias el abordaje de los aspectos psicológicos, sociales y legales de la violencia doméstica.
Interesa resaltar en esta oportunidad cómo desde el ámbito gubernamental se fue configurando un discurso que cuestionó la legitimidad de las prácticas de VG, entendidas como prácticas violatorias de los DDHH. Se estableció un parangón entre aquello horroroso, oculto y desmentido que tuvo lugar en el corazón del espacio social durante la última dictadura militar y lo que seguía aconteciendo en el espacio familiar. Vale recordar que el último gobierno militar en Argentina (1976-1983) fue tristemente célebre por su feroz política represiva, que arrojó un saldo de 30,000 detenidos-desaparecidos (Novaro & Palermo, 2003).
Aunque tratándose de fenómenos diversos, la violencia estatal y la violencia doméstica eran hermanadas como parte de las realidades ocultas de las que era posible empezar a hablar en la transición democrática. De allí la necesidad de legitimar, poner en la agenda política y en la conciencia social los dramas ocultos de la vida familiar: la violencia familiar debía ser entendida como un problema que ameritaba especialmente la injerencia del Estado.
La peculiar articulación de violencia de género como violación a los DDHH da cuenta de un clima de época, desplegado con algunas diferencias en dos escenarios: el internacional y el local. Veamos cada uno por separado.
En el plano internacional, desde la década de 1960 se consolidó la denominada segunda ola del movimiento feminista (Miguel Alvarez & Amorós, 2005). Este movimiento tendría progresivo y sistemático impacto en la agenda pública internacional, a partir de la visibilización y cuestionamiento de la posición jerárquicamente inferior que poseen las mujeres, entendida como producto de una discriminación sistemática. Desde esa premisa, el movimiento feminista movilizó múltiples demandas –no siempre homogéneas- como medio de transformar ya sea la posición relativa de las mujeres, ya sea el orden vigente (Giordano, 2012).
En particular, la agenda de las Naciones Unidas (NNUU) fue incluyendo la figura de la mujer y luego, la de violencia contra las mujeres. En parte a instancias de la presión de militantes feministas, en el año 1975 NNUU estableció en la Conferencia de México el Año Internacional de la mujer. Esta proclamación propuso intensificar las medidas encaminadas a "promover la igualdad entre varones y mujeres (asegurando) la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo" (México. Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, p. 53). Luego, el mismo organismo estableció el decenio 1975-1985 como el Decenio de la mujer. En el año 1979 la Asamblea General de las NNUU aprobó la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (CEDAW, su sigla en inglés), que reafirmaba los principios de la Declaración universal de los DDHH y enfatizaba la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Recién en 1980 se incluyó a la violencia en el hogar como un caso de discriminación contra la mujer. En la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Copenhague, se estableció como recomendación promover investigaciones sobre las causas del fenómeno y propiciar medidas preventivas y asistenciales. Como cierre del Decenio de la mujer, en 1985 se llevó a cabo en Nairobi la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, donde se ubicó como una situación especial de la mujer la de la mujer maltratada. Allí, se conminaba a los Estados parte a:
prestar atención inmediata a las víctimas de la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad (…) [y a crear] conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres como problema social, adoptar políticas y medidas legislativas para determinar las causas de esa violencia, impedirla y eliminarla, especialmente mediante la suspensión de las imágenes y representaciones degradantes de las mujeres en la sociedad y, por último, de propiciar el desarrollo de métodos de educación y reeducación destinados a los ofensores (México. Secretaría de relaciones exteriores, 2005, p. 237)
Vemos, entonces, los inicios de una preocupación por el tópico de la violencia contra las mujeres que reaparecerán en la escena local: su consideración como problema social y el énfasis en las posibilidades de intervención y reversión de su incidencia.
Recordemos que el sistema de DDHH –surgido luego de la segunda Guerra mundial- tuvo como interlocutor privilegiado a los Estados y como orientación central proteger a los ciudadanos frente a los excesos de aquellos. En el caso de la mujer maltratada, uno de los aspectos problemáticos de su elevación a violación de los DDHH era la ocurrencia del maltrato en el ámbito privado de la familia y por tanto, no ser una acción perpetrada directamente por el Estado. La inclusión del tema en la agenda dio cuenta de una torsión en la concepción general del sistema de DDHH y una reformulación de la relación entre los órdenes público y privado (Engle Merry, 2002). Se plantearon nuevas tensiones, como el resguardo del derecho a la intimidad y la responsabilidad del Estado por defender a las víctimas de las violencias (Jelin, 1994).
A su vez, si bien el sistema de DDHH "no tiene el poder sancionador de la ley del Estado, su expansión y elaboración crean un nuevo espacio legal discursivo dentro de la arena global" (Engle Merry, 2002, p. 66). En este sentido, las normativas internacionales comprometían a los Estados parte a llevar adelante acciones para adecuarse a las normativas vigentes, a la vez que proveían un marco de acción para que los actores sociales promuevan innovaciones. En esta línea, las propuestas parlamentarias de Ley de protección contra la violencia familiar en la Argentina, apelaron a la CEDAW como fuente de legitimación (Vain, 1989).
Ahora bien, en el plano nacional, la retórica de los DDHH tuvo una trayectoria singular. El movimiento argentino de DDHH se enmarcó en la lógica regional, esto es, haber surgido para interpelar las violaciones masivas convertidas por agentes estatales en las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970 (Jelin, 2017). Por tanto, se denunciaron como violencia política aquellos delitos cometidos por el Estado, en un proceso que luego de la recuperación democrática operó como una verdadera usina de sentido (Vezzetti, 2009).
El movimiento de DDHH en Argentina se multiplicó a mediados de la década de 1970, incluyendo la emergencia de diferentes organizaciones: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) (1975); Familiares de Detenidos y Personas Desaparecidas por Razones políticas (1976); Movimiento Ecuménico de DDHH (1977); Madres de Plaza de Mayo (1977) y Abuelas de Plaza de Mayo (1977). Estas organizaciones se sumaron a algunas preexistentes, como el Servicio de paz y justicia (Serpaj) (Jelin, 2017).
En este escenario, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (a la sazón, vicepresidente de la APDH), se enmarcó explícitamente en la defensa de los DDHH, haciendo de ello "el fundamento ético del Estado" (Jelin, 2017, p. 121). Durante la década de 1980, el ideario de los DDHH se constituyó en un suelo de sentido para un proyecto de renovación cultural encaminado a gestar una sociedad más tolerante y pluralista. Los ideales democráticos se volvieron capilares en vastos sectores de la sociedad civil y se planteó como horizonte la democratización de la vida cotidiana (Feijoo, 1986), lo que incluía la democratización de la familia (Schmukler, 1989).
La finalización de la dictadura abrió la expectativa de producción de nuevas prácticas que permitieran abandonar las lógicas violentas en diversos escenarios, incluido el familiar. Se trataba de la lucha contra los autoritarismos y de la apuesta a la transformación de los estándares de normalidad que vivían las mujeres, de lo tolerable de las relaciones familiares avalado por diversas instituciones y por el sentido común de la sociedad argentina. Así, a propósito del caso Monzón, Vain establecía un parangón entre la respuesta de "solidaridad incondicional" de un sector de la sociedad con el boxeador y las respuestas cotidianas con las que se enfrentaban las mujeres golpeadas: minimización de la gravedad de su situación y presunción de exageración (Vain, 1988, p.7).
La sanción de las violencias se incluía en una expectativa de culminación delas impunidades. La socióloga Elizabeth Jelin (que trabajaba sobre el tema familia, género y DDHH), manifestaba su opinión en un Suplemento que el diario Página 12 dedicara a Carlos Monzón:
Señalo una coincidencia temporal, para que cada uno reflexione y saque sus propias conclusiones: el mundo de los Monzones, el de la farándula nacional e internacional, el del placer y el goce centrado en lo privado (publicitado ruidosamente) creció y se desarrolló entre nosotros en la última década –o sea, los años de la dictadura, del intento de "cambio de mentalidades", de la impunidad y la arrogancia del poder-. Que Monzón diga ahora "a todas les pegué y nunca pasó nada" es un lenguaje que resuena, que resulta dolorosamente conocido. El desafío de la sociedad argentina está sobre la mesa (Jelin, 1988, p. 2-3).
En suma, en el escenario argentino se puso en díada violencia con impunidad y aquiescencia social. La lucha contra estas impunidades formaba parte del proyecto de la reconstrucción democrática, agenciada en forma privilegiada en los organismos de DDHH.
En el caso específico de la VG, las reivindicaciones feministas se asentaron estratégicamente sobre este suelo de sentido predominante. Según Mabel Bellucci (2014), puede hablarse de una "convergencia táctica" de las organizaciones feministas y el ideario de los DDHH, que permitió organizar una agenda de temas que iban desde las críticas a la dictadura militar hasta la heterosexualidad obligatoria, pasando por el maltrato y las violaciones (Bellucci, 2014).
Durante la década de 1980, organizaciones de mujeres (con y sin filiación feminista) y organismos de DDHH incluyeron entre sus tópicos de denuncia e intervención la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. El tema se incluyó en la agenda de la APDH y en el Movimiento Ecuménico de DDHH; fue propuesto por el Sindicato de Amas de casa; surgieron también asociaciones que abordaron específicamente el tópico de las mujeres golpeadas, ofreciendo asistencia a mujeres y algunas, a varones. Entre ellas se destacan la Fundación Alicia Moreau de Justo (fundada en 1986) Lugar de Mujer (fundada en 1983) y la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia familiar (AAPVF, fundada en 1985). Asociaciones con una fuerte potencia organizativa, como lo demuestra su participación en la conformación de la Red Feminista latinoamericana y el caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual, en 1990 (Rackier, 2008).
Esta multiplicación de organizaciones de la sociedad civil da cuenta de dos cuestiones. Por un lado, cómo la VG se fue incluyendo en una agenda sistemática durante la década de 1980. Por otro lado, que esa agenda recuperó centralmente el ideario de los DDHH y aspectos del ideario feminista, que tomaron mayor o menor centralidad de acuerdo a las características de las organizaciones.
Mujer golpeada y psicología
En el ámbito disciplinar de la psicología, a partir del año 1983 tuvo lugar la configuración de un campo de experticia específico: el trabajo con la mujer golpeada. Se crearon dispositivos de atención, se produjo bibliografía y se establecieron espacios curriculares en el ámbito académico, así como líneas de investigación en organismos científicos (González Oddera, 2017). Si bien en el presente artículo no daremos cuenta de este proceso en forma detallada, sí analizaremos cómo la trama de sentidos que venimos reconstruyendo formó parte de los desarrollos conceptuales y a su vez, contribuyó a delimitar un ámbito de circulación para los psicólogos que trabajaban en el tema.
Desde principios de los años 80, se consolidó en Argentina la recepción del modelo norteamericano sobre la mujer golpeada o mujer maltratada (traducción del inglés battered women). Este modelo puso el acento en los aspectos estructurales y sociales que permitían explicar la VG, diferenciándose de explicaciones de corte psicopatológico (González Oddera, 2016). En el ámbito anglosajón, tuvo un peso específico la retórica del feminismo radical (Haaken, 2008), que propuso pensar la familia y el ámbito doméstico como escenario privilegiado (pero no único) de reproducción de un orden social desigual, amparado en una serie de representaciones sociales. Desde la apelación al concepto de patriarcado, autoras centrales del feminismo radical aplicaron categorías de análisis político a la vida privada, proponiendo nuevas claves de lectura para la sexualidad, la maternidad y la intimidad (Millet, 1995; Firestone, 1976). En este contexto semántico, la violencia en la vida familiar comienza a pensarse a la luz de organizadores sociales más amplios y anclada a relaciones de poder.
En la recepción local del modelo anglosajón se destacaron los aportes de la psicóloga y feminista norteamericana Lenore Walker (Ferreira, 1989b, 1992; Dohmen, 1994; Vila de Gerlic, 1989). Walker inscribió sus estudios en el movimiento de mujeres (1979) y procuró dar cuenta de la racionalidad de la violencia, es decir, de cómo la violencia en un vínculo de pareja seguía un patrón determinado, tenía una direccionalidad definida y un mecanismo identificable. Sus tesis cuestionaron fuertemente la idea de que la violencia fuera expresión de un impulso desregulado o de un trastorno psicopatológico. Por el contrario, demostró cómo tenía una direccionalidad definida (varón-mujer) y un valor instrumental (obtener el control sobre la mujer).
Es pertinente aclarar que las tesis sostenidas por las ideólogas del movimiento feminista fueron traducidas de acuerdo a los marcos vigentes en las disciplinas de pertenencia. Así, inscripta en la tradición de la psicología norteamericana de corte cognitivo comportamental, Walker propuso que la problemática de la mujer maltratada se fundamentaba en el aprendizaje y reproducción de pautas de comportamiento que se repetían por resultar efectivas. Eran estas pautas –provistas por el medio social- las que explicaban tanto el hecho de que la mujer aceptara una dosis de violencia en la relación, como que la pareja la ejerciera. A su vez, era la operatoria de un mecanismo psicológico (la impotencia aprendida), lo que inhabilitaba a la mujer para abandonar la relación (Walker, 1979).
En el contexto local, las tesis de Walker fueron refrendadas por diversos autores en la teorización de la violencia en la pareja (Dohmen, 1994; Ferreira, 1989b; Vila de Gerlic, 1989). El locus central de esta violencia, entonces, era la relación de pareja heterosexual, escenario que ponía en vinculación a varones y mujeres. No obstante, las causas de la violencia –al menos las causas de mayor gravitación- debían ser buscadas fundamentalmente en el ámbito social (antes que en el ámbito privado de la pareja o en un nivel de funcionamiento psicológico). Esto, como veremos, no excluía la apelación a factores explicativos individuales y relacionales.
Cristina Vila de Gerlic 5, en su caracterización de los aspectos psicológicos de la violencia doméstica (en ocasión del Primer encuentro nacional de centros de prevención de la violencia doméstica…), incluía la reciente visibilización de la situación de la mujer golpeada en el contexto de las transformaciones de los roles de varones y mujeres, en las familias. El pasaje de un modelo complementario (tradicional, con mayor poder ligado al lugar del varón) a uno simétrico (con la expectativa de una distribución más igualitaria del poder), permitió visibilizar situaciones de violencia y abuso de poder entre varones y mujeres. Visibilización que sólo podía producirse en la medida en que cambiaran los estándares que, en cierta medida, seguían vigentes.
Nosotros podemos tomar el concepto "normal" en la relación de pareja complementaria en la cual hay más poder en manos del hombre y trasladarlo a la relación de la mujer golpeada con su compañero. Por lo tanto, cuando en una ciencia no han sido revisadas las categorías de género, ni el sexismo en los profesionales que ejercen esa disciplina, la consideración de la mujer golpeada no despierta mayor inquietud y los profesionales pretenden (y lo hacen) abordarla desde una concepción general que tenían armada a priori (…)" (Vain, 1989, p.48).
Uno de los rasgos centrales en la teorización local fue la idea de la mujer golpeada como un problema social (Ferreira, 1989b, 1992; Vila, 1989), diferenciándose de una perspectiva eminentemente clínica que buscaba causas individuales para un fenómeno entendido como anormal. Por el contrario, el fenómeno de la mujer golpeada debería ser considerado una experiencia posible y cotidiana en la vida de las mujeres, tal como había sido señalado por los investigadores en el campo de la violencia familiar.
Un primer componente de la idea del problema social estaba anudado a los procesos de socialización en roles de género. Tanto el varón maltratante como la mujer golpeada actuaban estereotipos sobre el ser varón y mujer, ofertados en forma masiva desde el espacio social. Vila de Gerlic, desde un reportaje que realizara la periodista Mona Moncalvillo en la revista Humor [revista que, por su presencia crítica durante la dictadura militar, fue connotada como una publicación políticamente comprometida (Burkart, 2013), señalaba:
La causa radica en la socialización para que sea varón, lo que la sociedad le enseña para ser varón con mayúsculas, el "macho", hay que tener, en ocasiones, modales rudos (…). Pero también la sociedad le muestra lo que sería cortejar a una mujer amablemente, regalarle flores, bombones, abrirle puertas, acomodarle la silla y demás. Esto no es una patología del varón, es una patología social. De una sociedad que lleva a los hombres a tener estas pautas contradictorias dentro de sí mismos. Por eso a muchos les cuesta anular una de esas pautas, como hecho de su madurez, y hacer funcionar solamente la amorosa (Moncalvillo, 1985, p.46).
Graciela Ferreira 6 planteaba, siguiendo a sus pares norteamericanas, que las mujeres golpeadas actuaban rigurosamente un modelo de socialización genérica que incluía postergarse en las propias necesidades, vivir para los demás y ser responsables de la dimensión afectiva en el ámbito doméstico (Ferreira, 1992). Estos elementos macro se complementaban con aspectos relacionales y psicológicos que permitían explicar la especificidad de un tipo de relación de pareja: la baja autoestima y la mutua dependencia (Ferreira, 1989a; Vila de Gerlic, 1989).
Un segundo componente del planteo de la violencia como problema social radicaba en la operatoria de una dimensión ideológica que la avalaba. Así, no obstante lo frecuente de la violencia en la vida familiar de las mujeres, era un problema que tendía a quedar invisibilizado. Lucrecia Oller, psicóloga que trabajaba con grupos para mujeres golpeadas en la organización Lugar de Mujer, detallaba en una columna de opinión a raíz del caso Monzón, que existían factores "desde lo personal" (el miedo, la desvalorización, la dificultad para reaccionar cuando la agresión proviene de quien dice amar), como "desde lo social" (el fomento del sufrimiento, la tolerancia y la sumisión en la mujer), que consolidaban "una ideología que nos ubica como ciudadanas de segunda" (Oller, 1988, p. 10-11).
En tanto constructo social, entonces, la situación de la mujer golpeada era velada por una serie de mitos y significaciones producidas socialmente que le aportaban legitimidad y, por tanto, obstaculizaban la posibilidad de su cuestionamiento. Como estrategia discursiva, se buscaba reforzar la ilegitimidad de la violencia estableciendo su estatuto jurídico: considerarla como delito implicaba sancionar su ilegalidad.
La sociedad tolera pasivamente la violencia justificándola con mitos. No hay conciencia de que los golpes representan un delito y una respuesta equivocada a cualquier situación. Entonces la mujer es doblemente víctima: por un lado de su compañero y por el otro de los que no intervienen, contribuyendo a su deterioro y al aumento del riesgo en el que se encuentra. El abuso se hace crónico y el golpeador descubre su impunidad (Ferreira, 1992, p.63).
Esta impunidad, propia de las situaciones de violencia que se daban al amparo de la privacidad del hogar, también era pensada en la clave del pasado reciente argentino. Si bien no se establecían relaciones directas entre dictadura y el aumento de la violencia doméstica, se sostenía que "la impunidad y la falta de control social son factores importantísimos (...). Muchas mujeres que antes no se animaban a divorciarse, tomaron la decisión a partir de vivir en un momento democrático" (Moncalvillo, 1985, p. 47).
Ahora bien, retomando el objetivo inicial para este artículo, resulta de interés analizar en qué medida la articulación de la VG con el ideario de los DDHH –como trama discursiva local- fue recogida en el saber producido por la disciplina psicológica.
La retórica de los DDHH fue incluido en las presentaciones, aunque –como venimos trabajando- no haya constituido el núcleo duro de las conceptualizaciones sobre la mujer golpeada. La lucha colectiva contra la VG –si bien se inscribía en la conquista de nuevos derechos- era subsidiaria de la tesis de violencia como problema social y por tanto, requería la acción mancomunada entre varones y mujeres para la transformación de la situación actual.
También es necesario señalar que ésta no es sólo una lucha de las mujeres por sus derechos como seres humanos, sino la responsabilidad de todos los hombres sensibilizados de la comunidad que quieran proteger a mujeres y niños de sus congéneres violentos, ejerciendo sus derechos de contención y no aceptación social de los desbordes de la conducta masculina (Ferreira, 1989a, p.17).
Quizá el mayor despliegue de la articulación VG y DDHH fue propuesto por la psicóloga Mónica Dohmen, quien desarrolló el parangón entre la situación de violencia familiar y la tortura, para ubicar los efectos que presentaban las mujeres golpeadas como análogos a los de prisioneros de guerra. Así, la autora establecía que en la Argentina de la década del 90 aún persistirían los efectos de la "política de la impunidad" inaugurada por la dictadura militar. Entre estos efectos, incluía: la culpabilización de la víctima, la inducción al silenciamiento, la dilución de responsabilidades. La autora concluía:
El terrorismo de estado instrumentado por la dictadura se muestra paralelo al terrorismo conyugal creado y perpetuado por el esposo maltratante, en el ámbito intrafamiliar. El temor que se instaura es el que paraliza, silencia, inmoviliza, aterroriza, imposibilitando la concreción de un cambio, por el riesgo que se percibe de perder la vida (Dohmen, 1994, p.105)
Dohmen, que pertenecía a una generación posterior, se formó en el tema con las autoras que venimos trabajando y refrendó en sus producciones teóricas las tesis de aquellas. En su propuesta, Dohmen referenciaba a la abogada Susana Finkelstein, activista en el ámbito jurídico argentino, que participó en el equipo de atención interdisciplinaria con Cristina Vila de Gerlic. Destaquemos que Finkelstein (1991), en un material que se utilizaba en los espacios de formación del servicio de asistencia a la mujer golpeada dirigido por Vila, retomaba las tesis de las psiquiatras Diana Kordon y Lucila Edelman sobre las inducciones que había instrumentado la última dictadura militar, como forma de obtener un control sobre la población civil, neutralizar las posibilidades de organización y lucha y generar consenso (Kordon & Edelman, 1986).
Consideraciones finales: las articulaciones posibles
En este artículo hemos reconstruido aspectos de la trama en la que emergió la categoría mujer golpeada en la Argentina de la recuperación democrática. Las voces de los especialistas que analizaron el "caso Monzón" dejan ver las disputas por las construcciones de sentido que tuvieron lugar en un sector de la sociedad argentina, a partir de establecer un diagnóstico de situación y la dirección de las reformas necesarias. En este escenario, la producción disciplinar en psicología que abordó el tópico de la mujer golpeada se ubicó en un proyecto de creación de nuevos sentidos en las relaciones entre mujeres y varones al interior de la familia.
Proponemos leer la constitución de la categoría mujer golpeada en una circulación que puso en juego representaciones, argumentos, valoraciones, ámbitos de expresión y actores sociales.
Así, la concepción de violencia como problema social, la lucha contra la violencia como una lucha contra la impunidad, la necesidad de transformación de los estándares sociales heredados de la dictadura y la violencia como violación de los DDHH fueron ideas comunes entre los funcionarios públicos, los militantes sociales y las profesionales de la psicología que tuvieron eco fundamentalmente en los sectores progresistas.
Luego, hubo también concepciones diferenciales entre estos sectores. Hemos visto cómo la propuesta de la psicología argentina fue solidaria con la lectura que desde el ámbito gubernamental se hizo del tema. La elección de las categorías violencia doméstica y mujer golpeada remitían el problema al ámbito privado. Seguramente este aspecto permitió que el tema pueda ser incluido en la agenda política, en la medida en que redobló representaciones tradicionales, como ubicar a la mujer en el ámbito de la familia. Otra suerte tuvieron las demandas por los derechos reproductivos enarbolados por el activismo feminista, que proponían desacoplar la díada mujer-madre.
En este concierto de ideas, la retórica de los DDHH fue utilizada desde la psicología local más como una plataforma que como elemento constructivo central. Pareciera haber propiciado una circulación estratégica -en la medida en que daba cuenta de un lenguaje compartido por sectores progresistas-, antes que un acoplamiento absolutamente coherente y sistemático. A tono con la realidad regional, proponemos pensar los DDHH, entonces, como un suelo de sentido común que permitió el diálogo con interlocutores privilegiados, en la medida en que facilitó la construcción de un sistema de apoyos y articulaciones estratégicas para legitimar una nueva área de experticia. Desde este ideario legitimado, fue posible redefinir los alcances del concepto de violencia, para tensionar aspectos frecuentes y hasta el momento invisibilizados en la vida de las mujeres.
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Endereço para correspondência
Mariela González Oddera
Universidad Nacional de La Plata
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Laboratorio de Historia de la Psicología
Facultad de Psicología (CONICET/LABHIPSI)
Calle 51 entre 123 y 124 (s/n). Ensenada, CP 1925, La Plata, Argentina
Endereço eletrônico: goddera@psico.unlp.edu.ar
Recebido em: 19/12/2018
Reformulado em: 06/02/2019
Aceito em: 12/02/2019
Notas
* Doctora en Psicología, por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Docente investigadora de la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNLP.
1 Se utilizará la forma violencia de género diferenciándola de las categorías que han sido prevalentes en el período analizado: violencia familiar, mujer golpeada y violencia contra la mujer. La elección terminológica responde, en primer lugar, a la precaución metodológica de diferenciar la voz de la autora de la voz de las fuentes históricas. En segundo lugar, refrenda la tendencia de la producción teórica actual, que privilegia la categoría analítica género para abordar el tópico de la violencia.
2 Este trabajo se inscribe en dos líneas de investigación: una colectiva y otra individual. La primera de estas líneas es el Proyecto de Investigación acreditado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina): "Psicología y orden social: controversias teórico políticas en las intervenciones de la psicología en la Argentina (1900-1990)". Directora: Dra. Ana María Talak. La segunda de las líneas es una Beca de investigación Nivel Postdoctoral (CONICET) que la autora obtuvo con el tema: "El surgimiento de los estudios sobre violencia en la familia en la psicología argentina". Directora: Dra. Ana María Talak.
3 "Se distinguen tres tipos de agendas públicas: sistémica, gubernamental y política (Draibe y Henrique, 1988). La primera, contiene los problemas instalados como cuestiones prioritarias en la sociedad por determinados actores sociales que disponen de los recursos necesarios para hacerlo. La segunda, corresponde a los temas instalados por los organismos gubernamentales, mientras que la tercera es la que efectivamente tiene un carácter operativo como materia de decisión política" (Brown, 2008, p.90).
4 El diario Página 12, publicación de ideología progresista fundado en el año 1987, tuvo una cobertura singular del caso Monzón. Parte de la cobertura incluyó la entrevista y convocatoria a profesionales que venían trabajando en los circuitos gubernamentales y de asistencia: Leonor Vain, Zita Montes de Oca, Lucrecia Oller y Martha Rackier.
5 Cristina Vila de Gerlic fue una de las principales referentes en el trabajo con mujeres golpeadas, fundando servicios de atención en el ámbito sanitario, participando en el sector gubernamental (como miembro asesor de la Subsecretaría de la mujer) y el de las organizaciones civiles (Lugar de Mujer y Equipo para prevención y asistencia a la mujer – ELIAM)
6 Graciela Ferreira era psicóloga e investigadora en el principal organismo científico argentino (CONICET), sobre el tópico de la mujer golpeada. También fundó una asociación dedicada al tratamiento de la violencia familiar (Asociación Argentina de Prevención de la Violencia familiar, AAPVF), que atendía tanto a varones como a mujeres.
Financiamiento: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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