POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA CONYUGAL

Sexualidad, Salud y Sociedad

REVISTA LATINOAMERICANA


ISSN 1984-6487 / n.4 - 2010 - pp.10-27 / www.sexualidadsaludysociedad.org



Políticas públicas contra la violencia conyugal.

¿Dónde estamos veinte años después?


Norma Fuller

Ph.D Antropología Cultural

Pontificia Universidad Católica del Perú


> nfuller@pucp.edu.pe

María Amalia Pesantes

University of Pittsburgh


> pesantes.ma@pucp.edu.pe



Resumen: El presente artículo analiza los resultados de una investigación realizada a partir de una muestra de mujeres y varones de Lima, Perú, con el fin de explorar si los programas sociales y las políticas públicas de combate a la violencia contra la mujer están reconfigurando la manera en que la definen las poblaciones urbanas y sus estrategias para lidiar con ella. Se concluye que los logros más importantes se dan en la manera en que representan la violencia conyugal. Ésta se ha deslegitimado y se percibiría como un abuso que atenta contra los derechos de las mujeres. Sin embargo, estos programas habrían generado efectos no deseados. Los más graves serían la desconfianza en esos servicios, la tendencia de algunas mujeres a ocultar que son víctimas de violencia para no ser juzgadas como pasivas o dominadas, y la exclusión de los hombres de las políticas de combate a la violencia de género.

Palabras clave: violencia conyugal; violencia doméstica; políticas públicas; relaciones de género; Perú


Políticas públicas contra a violencia conjugal. Onde estamos vinte anos depois?


Resumo: O presente artigo analisa os resultados de uma investigação realizada a partir de uma amostra de mulheres e homens de Lima, Peru, com o fim de explorar se os programas sociais e as políticas públicas de combate à violência contra a mulher estão reconfigurando a maneira com a qual a definem as populações urbanas e suas estratégias para lutar contra ela. Conclui-se que os ganhos mais importantes se dão na forma em que representam a violência conjugal. Esta se deslegitimou e foi percebida como um abuso que atenta contra os direitos das mulheres. Entretanto, esses programas teriam gerado efeitos não desejados. Os mais graves seriam a desconfiança nesses serviços, a tendência de algumas mulheres em ocultar que são vítimas de violência para não serem julgadas como passivas ou dominadas, e a exclusão dos homens das políticas de combate à violência de gênero.

Palavras-chave: violência conjugal; violência doméstica; políticas públicas; relações de gênero; Peru


Public policy against domestic violence: ¿where are we twenty years later?


Abstract: This article presents the conclusions of research carried out among a sample of women and men living in Lima (Peru), to explore the influence of the public policies and programs against gender violence on their representations and their strategies to cope with such situations. It concludes that the main achievement of these programs and policies lays in the way violence against women is currently perceived: as an abuse and a transgression of women’s rights. However, these policies and programs have generated negative ‘side effects,’ such as lack of confidence on the ability of formal institutions to actually help battered women, the tendency of some women to hide that they are being abused by their partners, in order to avoid being judged as compliant with that violence, and the exclusion of men from programs against women’s violence, ignoring that they are part of the problem.

Keywords: violence against women; intimate partner violence; social programs; public policies; Peru; gender relations





A partir de la década de los setenta del s. XX, la llamada segunda ola del movimiento de Liberación de la Mujer provocó una era de cambios en la que se desmontaron las últimas trabas a la igualdad jurídica de las mujeres y se implementaron programas de desarrollo y políticas públicas destinadas a promoverlas.1 Dentro de este marco, el tema de la violencia fue especialmente relevante porque se lo identificó como la expresión más directa de la subordinación femenina y como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres (Bunch, 1991; Carrillo, 1991; Velásquez Toro, 1997). En el transcurso de la década de los ochenta esta lucha ingresó al temario de los organismos internacionales. En adelante, han tenido lugar sucesivas conferencias y encuentros en los cuales se trataron la violencia en el hogar y sus efectos en las mujeres, los adolescentes y los niños. De allí surgieron documentos conteniendo recomendaciones a escala internacional, regional y nacional que serían posteriormente refrendados por muchos de los Estados miembros de la comunidad internacional.

El Estado peruano fue uno de los primeros de la región en asumir esos compromisos2 (Loli & Tamayo, 1998). Para cumplir dichas tareas se crearon organismos tales como el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano; la Defensoría Especializada en Derechos de la Mujer; las Defensorías de la Mujer, el Niño y el Adolescente (DEMUNAS); el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual; las Comisarías de la Mujer y los Centros de Emergencia Mujer. A fin de contar con personal que pudiera realizar estas reformas se ha capacitado a profesores, policías, personal de salud, Jueces de Paz, etc. También se han llevado a cabo talleres dirigidos a las mujeres con el fin de informarlas sobre sus derechos, y campañas de sensibilización de la población en las que se busca hacer visible la problemática de la violencia contra la mujer y demostrar que se trata de una forma de abuso de poder.

Simultáneamente, el movimiento por los derechos de la mujer ha jugado un papel muy activo, presionando al Estado peruano para que cumpla con los compromisos asumidos en el combate a la violencia contra la mujer.3 A partir de la década de los ochenta surgieron diversas organizaciones no gubernamentales que han trabajado intensamente en campañas de sensibilización de la población, en programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia y a hombres que la infligen.4 Sus tareas abarcan la oferta de información, de medios para la denuncia, de asesoría legal, social y de apoyo psicológico a mujeres violentadas. Es decir, el Estado y diversas instituciones de la sociedad civil han invertido recursos y desplegado esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer. A pesar de sus altibajos, puede decirse que se han abierto espacios a los cuales las mujeres pueden recurrir para proteger sus derechos y su integridad física (Valdés et al., 2005).

Uno de los objetivos principales de los programas de combate a la violencia contra la mujer –tanto estatales cuanto de la sociedad civil– es deslegitimar y desnaturalizar ciertas creencias enraizadas en la cultura local, como la de que los hombres deberían ostentar la autoridad en la familia porque su sexo los haría naturalmente fuertes y dominantes; y de que las mujeres, por el contrario, serían frágiles, dóciles y necesitarían de la protección y guía de los hombres. Como consecuencia de ello, el cónyuge y padre de familia tendría la potestad de disciplinar a su esposa e hijos. Se cree también que el hecho de que muchos varones recurran a la violencia sería porque no pueden controlar sus impulsos, y correspondería las mujeres evitar provocarlos.

Las instituciones y organizaciones que buscan combatir la violencia contra la mujer plantean la necesidad de trabajar con la población para demostrar que varones y mujeres son iguales, que tienen los mismos derechos y que cualquier forma de imposición es un abuso y, como tal, constituye una violación a los derechos humanos de la persona y del grupo familiar. Plantean además una explicación alternativa a las razones que generan la violencia conyugal, que se fundarían en el machismo, que otorgaría poderes a los varones sobre las mujeres e incentivaría una masculinidad dominante y agresiva. Proponen también que la violencia se reproduciría porque las personas que crecen en un entorno violento tenderían a replicar ese patrón al llegar a la adultez (Corsi, 1992; 1994; Ferreira, 1992; Tallada, 2000; Güezmes, 2003; Ramos, 2006; Mov. Manuela Ramos et. al., 2005). Ello explicaría por qué tantos maridos recurren a la violencia para resolver conflictos y por qué algunas mujeres lo aceptan pasivamente.

Los discursos de las agencias y organizaciones de lucha contra la violencia hacia la mujer han sido profusamente difundidos. Escuelas, centros de salud, comisarías, municipalidades y, sobre todo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con la población femenina, son los entes que diseminan esta información entre la población. Paralelamente, las autoridades encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia conyugal (funcionarios del Poder Judicial, policías, instancias municipales, Defensores y Defensoras del Pueblo, trabajadores y trabajadoras de salud, etc.) han sido intensamente capacitadas en la temática y en las formas de combatirla.

En suma, a lo largo de las dos últimas décadas se han montado instancias encargadas de velar por el respeto de los derechos de las mujeres y para combatir la violencia de género, se ha hecho un gran esfuerzo para denunciar los discursos que la legitimaban y se han diseminado explicaciones sobre su prevalencia, que buscan desnaturalizarla y proponen que puede desaparecer si se cambia la socialización familiar, si las mujeres ejercen sus derechos y se combate el machismo. A partir de lo descripto, esta investigación se preguntaba: ¿El avance de las instituciones formales ha cambiado la manera en que las mujeres enfrentan la violencia conyugal? ¿Cómo definen las mujeres y varones la violencia conyugal?

      1. La violencia conyugal en el Perú. El caso de Lima

Diversos estudios sobre violencia contra la mujer en el Perú constatan que se trata de un fenómeno estable y extendido (Auccapoma, 1996; Baca et. al., 1998; Espinoza, 2000; Güezmes et al., 2002; Matos & Cordano, 2006). Las estadísticas revelan que, durante el período de 1994 a 1997, del total de denuncias sobre maltratos infligidos por las parejas, el 94,4% fue causado por violencia física. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES IV) del año 20005 preguntó a una muestra de mujeres entre 15 a 49 años si otra persona había ejercido violencia contra ella. El 41,2 por ciento respondió que alguna vez fue objeto de agresiones por parte del esposo. Entre éstas, sólo el 19,4% de las entrevistadas buscaron ayuda en una institución.6 El 14,9% acudió a una comisaría, y una proporción menor presentó su denuncia a un Juzgado, a la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente, a una Fiscalía, a un establecimiento de salud y/o al Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social.

Es evidente, entonces, que la violencia conyugal es una experiencia común, que la mayor parte de la población peruana la ha vivido, sea como testigo directo o indirecto,7 sea como actor. Sin embargo, una alarmante proporción de estos eventos queda impune, y la mayoría de las mujeres no acuden a las instituciones destinadas a protegerlas. ¿Cómo explicar esta contradicción? ¿Por qué sigue siendo un problema tan grave si el Estado y la sociedad civil han desplegado esfuerzos y recursos para combatirlo? ¿Se debe esto a déficits en los programas implementados para combatir la violencia?

Para responder a estas preguntas realizamos una investigación cualitativa en la ciudad de Lima.8 Nuestro objetivo era indagar si la presencia de las instituciones estatales y de los programas de atención y prevención de la violencia de género han incidido en la manera en que la población lidia con estas situaciones y, sobre todo, hasta qué punto las políticas públicas de combate a la violencia de género responden a las necesidades de las mujeres y a las expectativas que despiertan en ellas.

Nos parece importante hacer un recuento de lo logrado luego de más de veinte años de políticas públicas, proyectos sociales y activismo dirigidos a combatir la violencia de género. Hasta el momento se han hecho balances sobre lo avanzado desde el punto de vista legal y estadístico. Sin embargo, aún queda por investigar el impacto de las políticas públicas de combate a la violencia de género en la manera en que las personas manejan tales situaciones.

La violencia de género abarca temas diversos, como el abuso sexual y la agresión hacia hijas e hijos. Para poder tratar la información con mayor precisión nos hemos centrado en la violencia conyugal. No hemos investigado sus causas; tampoco hemos buscado saber si ha disminuido o aumentado. Nuestro interés se centra en un punto más concreto: ¿en qué medida las ofertas institucionales y programas sociales han incidido en la manera en que las mujeres y los varones lidian con esta problemática?

Escogimos la ciudad de Lima debido a que, por ser la más poblada del país cuenta con una mayor cantidad de casos de violencia familiar y sexual registrados, lo que facilitaba nuestro estudio.9 Por otro lado, Lima cuenta con mayores y mejores servicios, y con ONGs e instituciones especializadas en la temática estudiada, por lo que el debate acerca de su incidencia y sobre las maneras de combatirla son más visibles. De acuerdo con Ochoa (2002:46), las poblaciones de Lima Metropolitana acuden en mayor proporción a instituciones públicas cuando se trata de enfrentar problemas de violencia conyugal. Por lo tanto, Lima ofrecía un ámbito privilegiado para investigar los efectos de las políticas públicas específicas. Dentro de dicha ciudad escogimos dos distritos: San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. La selección obedeció a que ambos distritos cuentan con Centros de Emergencia Mujer (CEMs), Comisarías de la Mujer y con organizaciones locales que ofrecen apoyo y refugio a mujeres víctimas de violencia. Más aun, en las dos últimas décadas, varias ONGs especializadas en los derechos de la mujer han implementado programas de combate a la violencia contra la mujer en ambos distritos. Por lo tanto, podíamos asumir que se trataba de poblaciones altamente sensibilizadas con esta problemática.

Como la información que buscábamos era de tipo subjetivo, empleamos una metodología cualitativa. En consonancia con los objetivos de la investigación, procurábamos entender a qué atribuían las mujeres entrevistadas la violencia conyugal; cómo la interpretaban (qué creían que la motivaba, cuán grave la consideraban); qué posibilidades tenían de resolverla; qué información tenían sobre las instancias a las que podían acudir y cuáles eran aquellas que consideraban como mejor capacitadas para ayudarlas a enfrentarla.

Recogimos los testimonios de 38 mujeres, cuyas edades iban de los 25 hasta los 60 años.10 Entrevistamos también a 20 varones para recoger información sobre la manera en que ellos percibían la violencia conyugal y el impacto de las políticas de combate a la violencia conyugal en su modo de lidiar con ella.11 Finalmente, interrogamos a expertos y expertas en estos temas –tanto del sector público como de la sociedad civil– con el fin de recoger las experiencias de sus organizaciones, el balance que hacen de las mismas, su opinión sobre las dificultades y logros de su trabajo. Ellos son, a nuestro parecer, el otro polo de este proceso y su punto de vista ha permitido tener una visión mas completa del mismo.12


Discursos sobre la violencia

El análisis de los datos recogidos muestra que mujeres y varones limeños comparten un discurso sobre las causas de la violencia conyugal. Éstas se enraizarían en factores socio-culturales y familiares, entre los cuales los más importantes serían el machismo y la socialización familiar. Definen al machismo como un conjunto de creencias, valores y actitudes propios de la cultura local, transmitido a través de la familia, la escuela y las diversas instancias de socialización como los grupos de amigos, los juegos, el medio laboral, la religión, entre otros. El machismo estaría en la raíz de las agresiones de los varones hacia las mujeres. Los hombres serían educados en la convicción de que valen más que las mujeres y que estas últimas deben servirlos y obedecerlos. Por ejemplo, Lourdes13 consideraba que:

La misma toma de conciencia que hay en su cabeza... de su niñez viene la idea... porque desde niño ha crecido con esa idea de que la mujer está para cocinar, para limpiar, y él sigue igual, pensando “yo mando acá”, “lo que yo hago, lo que yo digo, se hace y lo que yo no digo no se hace”. Eso es lo que ellos quieren poner su ley.


Más aún, para los varones, según las mujeres entrevistadas, que una mujer cuestione su autoridad pondría en entredicho su hombría, y ésta sería una de las principales razones por las que agreden a sus parejas. Algunas mujeres añaden que muchos hombres tienen necesidad de controlar a sus esposas y no toleran que ellas los confronten. Consecuentemente, la agresión física sería una respuesta a lo que ellos considerarían una expresión de rebeldía. Así, Patricia14 nos decía:

Porque también (las mujeres) no se dejan... porque… se ponen a gritar, por la comida, o les dicen “¿por qué llegaste tarde?” o “es tarde y no debes salir...” o “no te deben llamar tus amigas” y de allí comienzan a discutir, ella no se deja, de allí comienza la violencia.


Para los varones entrevistados, el machismo sería un rasgo cultural –propio de la sociedad peruana– que habrían recibido como herencia. Se asume también que sería más marcado en el medio rural o en las regiones que se identifican como reductos tradicionales,15 mientras que en el medio urbano sería mas criticado. De acuerdo con Luis16

yo, he observado que también [...], uno de los factores es el machismo que existe en el Perú, aunado a veces, digamos a veces, a una mala formación de los padres ¿no?, o también digamos es una herencia…, si su padre le pegaba a su madre, él también […] sigue esa corriente...


Otro factor que explicaría la agresión masculina sería la familia de origen.17 Según declaran los y las entrevistados(as), cuando un varón ha crecido en una familia en la que ha sido víctima de maltratos o ha sido testigo de violencia entre los padres, tiende a repetir ese patrón porque es la forma en que ha aprendido a resolver la tensión o los conflictos conyugales. Al respecto, Erika18 señalaba que

desde pequeños han visto mucho maltrato en su hogar y su reacción también es esa ¿no? maltratar. Porque no tienen otras formas... no saben conversar. En su casa no les han enseñado lo que es conversar y arreglar los problemas porque si no, todo lo resuelven a golpes, lo que ellos han visto ¿no?


Por su parte, César19 considera que “[el maltrato] tiene que ver algo con la formación, si tienes padres conflictivos, padres que han llegado a esos extremos tal vez, en un momento aflore, porque con tanta naturalidad lo ha visto, y aflora, puede ser que sea un factor.”

A criterio de la población entrevistada la violencia contra la mujer sería inadmisible, y si los varones acuden a ella se debería a que el entorno (cultura machista, familia violenta) sería permisivo o lo propiciaría. Según afirman los entrevistados, esas son ideas del pasado, de cuando las mujeres no conocían sus derechos. En sentido contrario, creencias tales como que los hombres son naturalmente violentos o que las mujeres están sujetas a la autoridad del cónyuge, son rechazadas tajantemente. Inclusive más, consideran que si una mujer sufre violencia conyugal puede –y debe– denunciar el hecho. Así, Violeta20 declaraba que si una amiga fuera maltratada por su pareja le recomendaría

  1. que acuda a la comisaría porque no debe quedarse así. Siempre cuando hay maltrato yo aconsejo que vayan a la comisaría y denuncien. Ahora los derechos han cambiado porque antes no era así. O porque lo que yo vivía en la Sierra de repente no había. Porque mi primer compromiso que yo tenía, a mí me maltrataba mucho. Golpes que he recibido, todo. Y por eso ahora mi esposo me dice “Ah ya, a él sí le has soportado todos sus golpes, a él si no le has denunciado”, yo le digo “porque las cosas cambian”.


Existiría incluso una cierta presión social para que las mujeres denuncien a sus cónyuges violentos. Si hace algunas décadas se usaba como argumento que una mujer debía esconder esta situación para preservar la intimidad y el buen nombre de la familia, en la actualidad es más común que se juzgue negativamente a quien acepta pasivamente que su pareja la maltrate. De acuerdo con el discurso actual sobre la violencia conyugal, una mujer que no acusa a su pareja, en lugar de sacrificarse por el bienestar de su familia, estaría poniendo en peligro la integridad física y la salud emocional de sí misma y de sus hijos.

En resumen, las mujeres y varones entrevistados han hecho suyo el discurso de las instituciones y agencias, que sostiene que la violencia conyugal sería una expresión de la dominación sobre las mujeres y que se reproduciría a través de la socialización familiar cuando ésta incentiva un tipo de masculinidad agresiva y dominante, y formas violentas de resolver conflictos. Asimismo, este cambio se sustentaría en el reclamo de igualdad de derechos de las mujeres y en la crítica a su lugar subalterno. Por lo tanto, sugerimos que está en marcha una sustantiva mudanza en la mentalidad local, y que las políticas públicas y programas de las organizaciones de base habrían tenido un papel crucial en este logro. Dos décadas de esfuerzos habrían cosechado ciertas victorias. Sin embargo, es preciso señalar que las personas entrevistadas tienden a reproducir el discurso oficial transmitido por agencias públicas y ONGs especializadas en esta temática, que es visto como verdad sobre estos temas.



Las estrategias de las mujeres

La población entrevistada estaba informada sobre sus derechos y sobre las instancias a las cuales acudir en busca de apoyo. Los/as entrevistados/as consideraron que las organizaciones especializadas en proporcionar apoyo a las víctimas de violencia conyugal, tales como los Centros de Emergencia Mujer (CEMs), las Comisarías de la Mujer y las ONGs especializadas en el tema eran algunas de las instancias a las que las mujeres podían recurrir en estos casos.21 Puede decirse que se han abierto nuevos ámbitos en los cuales las mujeres pueden buscar ayuda si son agredidas por sus parejas. Es decir, habría una nueva estrategia para lidiar con la violencia de sus cónyuges y parejas.

Además, estos nuevos ámbitos –Comisarías de la Mujer, Defensorías, Centros de Emergencia Mujer, etc.– no serían únicamente un apoyo ante la emergencia sino que, cuando reciben a las mujeres, les brindan información sobre sus derechos y sobre los principios de igualdad que deben regir las relaciones familiares y conyugales. Ello habría contribuido a que la temática se visibilizara y a que se generara un debate sobre la legitimidad del uso de la violencia y sobre la necesidad de que las mujeres resistan cualquier forma de abuso. De acuerdo con Olinda,22

La violencia ahorita, parece que hubiera aumentado. Mucha gente dice: “ustedes tienen la culpa porque la violencia no era tan sentida” ¿no? Ahora todo el mundo... yo no veo que la violencia está aumentando, pero esa no es la realidad. Lo que sucede es que la mujer ha ganado más conciencia de que no es la forma de vida y está denunciando más.

      1. En lo que se refiere a las motivaciones de las mujeres, pueden dividirse en dos categorías: las que buscan terminar con una relación de pareja violenta y las que desean que su pareja cambie de conducta. Ambas son bastante diferentes. En el primer caso, las mujeres acuden a un centro de emergencia o a una comisaría porque desean separarse de sus parejas y/o que éstas sean sancionadas. Generalmente toman tal decisión porque su integridad física o la de sus hijos corren peligro, porque hace mucho tiempo que lo soportan y han llegado a un punto de quiebre, o porque los hijos ya han crecido, dependen menos de ellas y las estimulan a tomar esta determinación. En esas ocasiones, la mayoría de las denunciantes se enfrentan con la lentitud de la burocracia.

En el segundo caso, las mujeres deciden denunciar a su pareja porque desean que la autoridad intervenga, que imponga controles a su pareja y que la fuercen a cambiar su conducta violenta. Es decir, buscan el amparo de una autoridad más fuerte que la del cónyuge para balancear el desequilibrio de poderes de su relación. Olinda relataba que

le hacen una citación al esposo, y ya pues, allí es donde le hacen ver que tiene que respetar a su pareja, y que él se compromete pues, ya a no a tocarle más adelante y firma. Entonces allí hay un respeto ya. Entonces ya la señora aprovecha para decir “cuidado, si tú me... ponme no más, un palo o tírame patadas y tú ya sabes que ahorita te denuncio”. Entonces ya se abstiene ya.


Ahora bien, que las mujeres víctimas consideren a los operadores de justicia como fórmulas de control supondría que ellas no están buscando ejercer sus derechos humanos sino el amparo de una autoridad capaz de controlar los impulsos violentos de su pareja. En consecuencia, desde el punto de vista de tales operadores, ellas no están resolviendo su problema. De hecho, la ideología que predomina en los centros de ayuda es que los hombres violentos no tienen remedio y que la única salida posible es separarse de ellos. Esto puede llevar a que las mujeres se sientan presionadas a separarse o a que se sientan menospreciadas por querer continuar con una relación que, desde el punto de vista de los expertos, no tiene solución.

En fin, uno de los efectos perversos de la diseminación y legitimación del discurso experto según el cual “el hombre violento no tiene remedio”, es que algunas mujeres tienden a esconder que son víctimas de violencia conyugal para no verse obligadas a “ser coherentes” y separarse de su cónyuge, o para no ser “mal vistas” ni sufrir presiones de su entorno. En sentido contrario, aparecen casos de mujeres que ya no desean seguir con su pareja y presentan acusaciones de eventos violentos del pasado que ya fueron resueltos con sus parejas, con la finalidad de valerse de los recursos que brindan las instituciones de combate a la violencia contra la mujer, tales como consejería legal, ayudas en los trámites, etc.


      1. Expertos y expertas

El marco conceptual usado por las organizaciones sociales y por las instancias oficiales de combate contra la violencia de género se funda en el supuesto de que las mujeres víctimas de violencia superarán esta condición si son conscientes de sus derechos, los reclaman y se independizan del cónyuge violento. No obstante, estos supuestos presentan ciertas inconsistencias personales e institucionales.

Las inconsistencias personales se deben a que asumen a priori que las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia quieren, pueden y deben romper con su pareja.23 Por lo común, las mujeres víctimas no tienen adónde acudir y carecen de recursos para sustentarse a sí mismas y a sus hijos. Además, muchas mujeres no están dispuestas a dejar sus hogares porque significaría perder el único bien que poseen. Por lo general, las personas que sufren de violencia presentan huellas psíquicas del maltrato sufrido, que se expresa en una disminución de la confianza en su valor personal y en su capacidad de tomar sus vidas a su cargo, sin mencionar los estragos físicos padecidos,24 por lo que necesitan de un período de tiempo prolongado para recuperarse.

Los impasses formales se generan debido a que, para que una víctima sea socorrida, es fundamental que el sistema legal funcione de modo rápido, eficiente y de forma consistente. La realidad es justamente la opuesta. Estos servicios son parciales y lentos. El Ministerio Público y el Poder Judicial están saturados de trabajo y los casos de violencia doméstica serían problemas menos urgentes que robos, asaltos a mano armada u homicidios. Más aun, la legislación vigente no permite que los operadores de justicia actúen de manera efectiva para proteger a la mujer y a sus bienes contra el agresor; lo único que pueden hacer es registrar el hecho e iniciar un proceso. En el ínterin, la mujer quedaría a merced de su agresor. En ese sentido, la oficial a cargo de la Comisaría de la Mujer de San Juan de Lurigancho señalaba:

Tú qué crees que ellas buscan cuando vienen aquí a contarte un caso, a denunciar... ¿Qué quieren que hagas tú en ese momento? Ellas quieren que vayas con ellas, a su casa, y que las ayudes a sacar sus cosas. Pero es algo que nosotros no podemos. O sea ellas vienen, “señorita, mi esposo me ha pegado. ¡Vaya, vaya que allí está!”. No podemos nosotros intervenir. No es parte de nuestro trabajo... La ley está que nosotros no podemos hacer. A no ser que encontremos al señor en in fraganti delito. Nada más.


Uno de los problemas que surgen debido a las limitaciones legales de las instituciones que deberían proveer apoyo a las mujeres que sufren de violencia conyugal es que, al no poder brindar la ayuda requerida, se desprestigian frente a las mujeres. Es decir, se crea la imagen de que no sirve de nada denunciar a la pareja, que la policía no quiere ayudar o que el médico legista no quiere registrar que las lesiones son producto de una agresión física. Cuando existe un sistema que no funciona, pero continúa habiendo un discurso que promueve la denuncia de la violencia doméstica, se perjudica la credibilidad de las instituciones. En esa línea, Elena, abogada del Centro de Emergencia Mujer de San Juan de Lurigancho reflexionaba:

La violencia es un problema muy difícil porque la ley no es adecuada, las instituciones funcionan deficientemente por sus propias carencias y prejuicios, y la mayoría de las mujeres no quieren asumir que se necesita tiempo y esfuerzo para resolver el problema; quieren que lo resolvamos nosotros de inmediato, si no lo hacemos se sienten traicionadas. Pero en realidad es un proceso lento en el que ellas necesitan cambiar.


Las instituciones que acogen a las mujeres en peligro o víctimas de violencia, tales como los Centros de Emergencia Mujer, intentan ofrecer un servicio más completo. Éste cubre consejería legal, apoyo social y atención psicológica. Sin embargo, tienen serias limitaciones porque sólo pueden dedicar unos días a cada caso y los mismos requieren de seguimiento continuo y muy prolongado para permitir que la víctima se recupere y pueda valerse por sí misma. De hecho, los casos de mujeres que pudieron salir de una relación violenta son aquellos en que la víctima contó con apoyo material y psicológico durante un plazo muy extenso. José Luis, trabajador social del Centro de Emergencia Mujer de San Juan de Miraflores narraba la historia

de una señora, que… decía: “no, yo no puedo hacer nada sin mi esposo. ¿Quién va a pagar la luz, el agua, el colegio? ¿De qué voy a comer?...” Se le ofreció resolver el problema de la comida… la insertamos en INABIF [Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar] para que tenga comida, para ella y sus hijos. Y primeramente comenzó a lavar, lavaba en una casa, con una señora que le daba 20 soles a la semana, que era mucho más de lo que ella tenía con el marido, que era dos soles, cuatro soles y con eso tenía que ver porque el pata llegaba y quería comida, eh… después comenzó a tener una persona más para lavar, entonces ya no eran 20 soles sino tenía 40, entonces 40 soles era abismalmente diferente su vida y su… y su disponibilidad de dinero… imagínate tú tener lo que tienes en el bolsillo, lo multiplicas por 40, es otro mundo ¿verdad? Es otro mundo, … un día comenzó a hacer una vida… se separó de su esposo, reconstruyó sus relaciones con su familia…


Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con agencias que amparen a las mujeres en peligro tales como casas refugio, programas de apoyo psicológico y de inserción en el mercado laboral. Las pocas iniciativas que existen están a cargo de organizaciones sociales y de base que son muy precarias y funcionan a partir de donaciones y trabajo voluntario.25

Por fin, es importante llamar la atención sobre el hecho de que uno de los supuestos con los que trabajan los programas de lucha contra la violencia es que los varones son “caso perdido” y que todo el trabajo de apoyo debe dirigirse a las mujeres. Algunos expertos han relatado que en muchas ocasiones tenían reclamos de varones, o que éstos acudían a pedir ayuda y ellos los rechazaban. Esto supone colocar sobre las mujeres el peso exclusivo de estas decisiones y de su largo proceso de recuperación. Por otra parte, si bien es cierto que las mujeres son por lo general las víctimas de la violencia conyugal, los varones son parte del problema y necesitan ser atendidos. En este punto del camino sería conveniente reflexionar sobre las consecuencias de implementar políticas que excluyan a la mitad de la población involucrada.26


      1. Conclusiones

Los discursos sobre la violencia conyugal han cambiado significativamente y esto se relaciona con la demanda de mujeres y varones de mayor equidad en las relaciones entre los géneros, y con la pérdida de legitimidad del predominio masculino y del uso de la violencia física para imponer disciplina o sancionar.

Uno de los impactos más notorios de los programas y políticas contra la violencia de género sería la diseminación entre la población de las teorías expertas. La población investigada comparte una idea general sobre las causas de la violencia conyugal. De acuerdo con ésta última, las causas de la violencia conyugal serían el machismo de la cultura local y el tipo de socialización familiar, y no se atribuyen a causas “naturales”, tales como la “naturaleza violenta” del hombre.

En lo referente a las estrategias de las mujeres para lidiar con la violencia conyugal, se observa que, a los canales tradicionales –familia, redes de amistad y vecindad–, se ha añadido el recurso a instancias formales, y que el uso de este recurso está asociado a la defensa de sus derechos.

Sin embargo, la creciente legitimación de la denuncia y la diseminación de los discursos expertos sobre la manera de resolver la violencia conyugal han generado efectos no deseados. Estos serían: la desconfianza en la capacidad de los operadores de justicia para atender a las necesidades de las mujeres; la tendencia de algunas mujeres a ocultar que son víctimas de violencia para no ser juzgadas como pasivas o dominadas; y la exclusión de los hombres de las políticas de combate a la violencia.

Finalmente, encontramos que existe una contradicción muy grande entre el tipo de problemática personal que es la violencia conyugal y el aparato burocrático que busca atenderla. Ello porque, por lo general, el proceso de recuperación de una relación violenta es largo y penoso, y requiere trabajar en muchos planos.



Recibido: 04/octubre/2009

Aceptado para publicación: 12/febrero/2010





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1 En ese contexto, la Constitución Política del Perú de 1979 garantizaba la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

2 El Estado peruano ha suscripto y ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en 1982, y la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belem do Pará") en marzo de 1996. En ambos casos, los tratados contienen apuestas conceptuales, estándares para hacer exigibles dichos derechos, mecanismos de queja ante la jurisdicción internacional y mecanismos de vigilancia y seguimiento, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). En la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en el año 1995, el gobierno peruano se comprometió a adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2003).

3 Los medios masivos de comunicación peruanos han cumplido un importante papel en la diseminación de los derechos de la mujer, así como en la crítica y desnaturalización de la violencia conyugal y familiar.

4 En el caso del Perú, organizaciones no gubernamentales como Acción para la Liberación de la Mujer Peruana (ALIMUPER), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos, el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus), Calandria, Perú Mujer, se han ocupado de esta temática interrumpidamente desde inicios de los ochenta.

5 La ENDES preguntó a las mujeres que habían estado alguna vez en pareja si habían sufrido episodios de violencia verbal o física por parte del esposo o compañero: el 33,8 por ciento manifestó que el esposo o compañero la ignoraba o era indiferente; el 24,2 por ciento señaló que éste le prohibe que estudiara o trabajara; el 23,1 % le dijo que el esposo o compañero le impedía ver amigos o familiares; el 47,7 por ciento coincidió en manifestar que le gritaba cuando le hablaba, y el 24,5 por ciento reconoció que eran objeto de amenazas (INEI, 2001).

6 Entre las mujeres que han sido maltratadas o golpeadas (46,0%), menos de la mitad de ellas (42,1%) pidieron ayuda a una persona cercana y tan sólo una de cada cinco acudió a una institución en búsqueda de ayuda (19,4%). La madre es la persona a quien en mayor proporción acuden cuando son agredidas físicamente (38,0%); en menor proporción recurren a otro pariente: padre, hermanos o amigos (INEI, 2001).

7 Se entiende como “directo” cuando se es testigo dentro del propio hogar; e “indirecto” cuando lo que se atestigua sucede en casas vecinas o de familiares.

8 La pesquisa se realizó entre abril del 2006 y mayo del 2007, y fue financiada por la Dirección de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

9 Ello no significa que los índices de violencia contra la mujer sean más elevados en esta ciudad que en otras ciudades o regiones peruanas.

10 14 de las cuales son líderes de sus comunidades que trabajan en esta problemática y han participado en capacitaciones y/o talleres sobre derechos de las mujeres; y 34 son mujeres de la zona que no han estado expuestas directamente a esta problemática.

11 Ellos tienen el mismo rango de edad que nuestras informantes y han convivido o conviven actualmente con una pareja. Algunos (6) forman o han formado parte de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) para hombres agresores y, por lo tanto, han pasado por un proceso de reflexión sobre la violencia conyugal. Los restantes (14) no han participado ni participan en ese tipo de espacios pero se mostraron dispuestos a colaborar con esta investigación lo que indicaría un grado de sensibilización a esta temática.

12 Entrevistamos a 10 operadores de justicia (trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos, abogadas que trabajan en los CEMs de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, suboficiales y oficiales de la Policía Nacional que trabajan en las Comisarías de las dos localidades del estudio) y a ocho profesionales que conducen o han conducido programas de combate a la violencia contra la mujer.

13 Mujer de 31 años entrevistada, residente en San Juan de Miraflores.

14 Entrevistada de 32 años, habitante del distrito San Juan de Miraflores.

15 Iradia, 47 años, dirigenta popular de San Juan de Lurigancho, nos cuenta que un varón que maltrataba a su esposa se explicó de la siguiente manera: “Vecina, yo sé lo que pasó, pero mi esposa es un poco bruta. Yo soy cajamarquino y así es mi cultura que me han enseñado, así me han enseñado mis padres. Los hijos hombres si no se les golpea no son hombres, y no aprenden nada”.

16 Entrevistado de 45 años, residente en el distrito San Juan de Lurigancho.

17 Según el comisario Portilla de la Comisaría Mateo Pumacahua, en San Juan de Miraflores, “cuando le preguntas a los agresores ¿cómo era con tu papá? Yo veía que mi papá igual, le pegaba, le chancaba, le pateaba borracho. Lo mismo repiten. Nosotros hacemos lo que nuestros padres de repente han hecho. ¿Han estudiado? Estudiamos. Pero si usted viera que su papá le ha pegado, ha tomado, entonces de repente sería un borracho y pegalón, correlativo.

18 Entrevistada de 28 años, vecina del distrito San Juan de Lurigancho.

19 Entrevistado, 31 años, residente en San Juan de Lurigancho.

20 Entrevistada de 46 años, habitante del distrito de San Juan de Lurigancho.

21 También declaraban buscar apoyo en sus padres, familiares cercanos, amigas y vecinas.

22 Entrevistada, 51 años, residente en el distrito San Juan de Lurigancho.

23 En la práctica, ello implica que deberán dejar el hogar y los bienes comunes, que ellas podrán ser independiente económicamente y que, si tienen hijos, podrán mantenerlos.

24 Por ejemplo, una de las mujeres entrevistadas tenía la córnea desprendida y muy probablemente iba a perder la vista.

25 El Plan Nacional de Combate a la Violencia contra la Mujer 2002-2007 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) tiene entre sus metas la construcción y habilitación de casas-refugio, pero hasta el momento no se ha inaugurado ninguna.

26 En el curso de nuestra investigación encontramos el caso de un investigador que ha montado un programa de ayuda a hombres violentos. No obstante, no recibe apoyo oficial y es un caso aislado dentro de una política general que asume que sólo se debe trabajar con las mujeres.